La Agencia Tributaria reforzará la asistencia al contribuyente con un proyecto
piloto de borrador de IVA y remisión de datos fiscales en Sociedades.

Se crearán las ADI, centros dedicados a la ayuda integral al contribuyente por teléfono e
internet, en el marco de un Plan Estratégico trazado como instrumento clave en la toma de decisiones de la Agencia a medio y largo plazo.
La Agencia Tributaria ultima el Plan Estratégico 2019-2022, documento que será un instrumento
clave en la toma de decisiones en los próximos años. El plan pretende ofrecer a la organización
una visión clara de las estrategias a seguir y medidas a tomar en el medio y largo plazo,
alineando también la asignación de medios técnicos y humanos con las prioridades identificadas.
Se trata, en todo caso, de un documento abierto y, por tanto, objeto de posible modificación en
función de futuras nuevas necesidades y prioridades.
La Agencia fija en el Plan Estratégico una serie de ejes que deberán vertebrar sus actuaciones en
el periodo 2019-2022, avanzando hacia un nuevo modelo de asistencia integral y control a priori
para mejorar el cumplimiento voluntario del contribuyente, al tiempo que se intensificarán las
actuaciones de lucha contra el fraude tributario más complejo.

Borrador de IVA y datos fiscales en Sociedades
En el ámbito de la asistencia se contemplan dos proyectos a corto plazo en el ámbito del IVA y
del Impuesto sobre Sociedades. En el caso del IVA, se pondrá en marcha un proyecto piloto para
ofrecer un borrador de declaración, en principio a un número reducido de contribuyentes dentro
del total de incluidos en el Suministro Inmediato de Información, el SII.
En el caso de Sociedades, y también tomando en este caso la referencia tradicional del IRPF, el
próximo año (Sociedades 2019) arrancará una estrategia similar de cesión de datos fiscales al
contribuyente durante la campaña anual del impuesto societario. En ambos casos se trata de
facilitar la presentación de las declaraciones y, con ello, favorecer el cumplimiento voluntario.

ADI, el futuro de la asistencia digital al contribuyente
En materia de asistencia y prevención destaca muy especialmente, a su vez, la apuesta por la
creación de Administraciones de asistencia Digital Integral (ADI), centros de atención que se
sumarían a las oficinas tradicionales de atención presencial, pero en este caso con dedicación
exclusiva a la atención y asistencia al contribuyente por medios electrónicos y telefónicos.
Este modelo, que supone un salto cualitativo en la asistencia al contribuyente, permite una mayor
especialización de los funcionarios destinados a las ADI, favorece la unidad de criterio en la
aplicación de la norma y permite al contribuyente resolver sus dudas en un horario más amplio y
sin necesidad de desplazamientos a las oficinas.
La prueba piloto de este proyecto está prevista para otoño de 2020 en Valencia, y estará
especialmente enfocada al IVA, aprovechando la reciente creación de potentes herramientas de
asistencia, como los asistentes virtuales del IVA (en proceso de implantación gradual) y del SII
(ya implantado, al igual que la calculadora de plazos de remisión de los registros de facturación y
el localizador del hecho imponible en IVA).
Para entonces está previsto que se encuentre en funcionamiento el futuro asistente virtual de la
declaración censal (alta, modificación y baja de actividades económicas) y a lo largo de la
vigencia del plan se completará la estrategia con un sistema paralelo de información y asistencia
telemática, incluyendo igualmente asistentes virtuales, para los trámites relacionados con el área
de Recaudación.
De igual forma, en el ámbito de recaudación y durante la vigencia del plan se implementará la
posibilidad de realizar los correspondientes pagos de deudas que gestiona la Agencia mediante
un sistema de transferencias instantáneas a través del teléfono móvil y extender la posibilidad del
pago mediante tarjeta bancaria, prácticamente residual en la actualidad.

Códigos de buenas prácticas y cumplimiento cooperativo
Un pilar básico de la estrategia de prevención planteada en el plan es el fomento del
cumplimiento cooperativo. En esta línea, y tras el establecimiento de códigos de buenas prácticas
en el ámbito de las grandes empresas, las asociaciones y colegios profesionales y los despachos
de asesoría, la Agencia trabaja en la actualidad en la redacción de códigos equivalentes con
organizaciones representativas de las pymes y los autónomos.
Paralelamente, se trabaja en la futura difusión estadística de información sectorial sobre
magnitudes económicas y tributarias del Impuesto sobre Sociedades equivalente a la que ya se
viene publicando desde fechas recientes en el IRPF (Estadística de Rendimientos de actividades
económicas), de manera que los contribuyentes puedan comprobar si se encuentran alineados
con lo declarado por el conjunto de su sector.

Avances en el control tributario
Una de las claves que establece el plan en materia de mejora del control tributario es la extensión
a otros impuestos y colectivos del sistema de selección de riesgos fiscales existente en el IVA y
en relación con grandes patrimonios, los dos ámbitos en los que se han introducido en los últimos
años potentes herramientas informáticas que facilitan el análisis, detección y selección de
riesgos. Esta utilización de nuevos instrumentos informáticos se trasladará también al área de
Recaudación para la detección automatizada de conductas de riesgo.
En cuanto a las grandes empresas, se apuesta por un control reforzado, a partir de una mayor
transparencia de los contribuyentes, que permita anticipar la identificación de las contingencias
fiscales y avanzar así hacia un modelo de control preventivo en el caso de los grupos con
estándares de cumplimiento y transparencia más avanzados. En el caso específico de las
grandes multinacionales tecnológicas con presencia en España, se defenderá un cambio
internacional definitivo que acompase el pago de impuestos directos al lugar donde estas
multinacionales tienen una presencia digital significativa y generan el verdadero valor añadido.
Al mismo tiempo, en la lucha contra la economía sumergida el plan ahonda en la estrategia de
prevención, con la colaboración de las organizaciones firmantes de los códigos de buenas
prácticas de pymes y autónomos, y también mediante la utilización de posibles nuevas
herramientas como la supresión del software de doble contabilidad, una estrategia que se
combinará con la de represión del fraude a través de actuaciones presenciales.
En el ámbito de Aduanas destaca el proyecto de crear un sistema centralizado de control de
escáneres, que permitirá sistematizar e intensificar la vigilancia existente en los distintos recintos
aduaneros, y también está prevista la implantación de una nueva red de comunicaciones digitales
para la zona del Campo de Gibraltar que facilite la labor de los funcionarios dedicados allí a la
lucha contra el narcotráfico y el contrabando.

Indicadores estratégicos
El plan dedica un apartado específico a la medición de los resultados de la Agencia. El plan
establece una batería de siete indicadores con los que se pretende medir la contribución de la
Agencia Tributaria a su fin principal, la mejora del cumplimiento tributario del contribuyente, tanto
por la vía de la prevención y la asistencia, como por la del control.
En primer lugar, se tomará en consideración la capacidad de la Agencia para aflorar actividad no
declarada y ensanchar bases, de manera que en época de bonanza económica el crecimiento de
las bases imponibles (ajustadas de cambios normativos) sea mayor que el de la demanda interna,
y en épocas de contracción económica la Agencia pueda atenuar el impacto de la caída de
actividad en la recaudación.
Otro indicador, en este caso múltiple, se encargará de medir el efecto recaudatorio inducido
derivado de la inclusión en los datos fiscales de los contribuyentes de información referida a
cuentas y rentas del exterior, alojamientos turísticos, etc., y el efecto inducido de las actuaciones
inspectoras.

El efecto inducido de las inspecciones
En relación con esto último, y a título de ejemplo, estudios internos de la Agencia muestran que
los contribuyentes inspeccionados en el año 2015 (exceptuando los contribuyentes adscritos a la
Delegación Central de Grandes Contribuyentes, por la alta volatilidad de sus cifras entre años)
elevaron más de un 25% sus ingresos declarados en los tres años posteriores en relación con los
años anteriores a la inspección, el doble que el conjunto de los contribuyentes en el mismo
periodo.
La medición de efecto inducido alcanzará también a otros colectivos y ámbitos, caso de las
actuaciones sobre grandes patrimonios, el plan de visitas de IVA, el envío de cartas informativas
y las actuaciones del área de Recaudación.
Otros indicadores de referencia permitirán medir la eficiencia de la Agencia (evolución de su
presupuesto en relación con la marcha de los ingresos tributarios que gestiona), la capacidad de
gestión recaudatoria sobre la deuda gestionable, y la conflictividad tributaria y agilidad de la
administración (proporción de recursos interpuestos por los contribuyentes sobre el total de actos
administrativos de cada año y mejora de las resoluciones y sentencias favorables a la Agencia,
así como reducción de los intereses pagados).
En cualquier caso, como cierre del sistema, se establece también un indicador que relaciona la
evolución de la base de cálculo (instrumento que tradicionalmente sirve de referencia para la
asignación anual de crédito presupuestario a la Agencia) con la evolución del cumplimiento
voluntario.

Comisión consultiva ética
En relación con la infraestructura ética y la buena gobernanza, se ha decidido que el plan vaya
más allá de la regulación existente en el estatuto del empleado público y marque a la Agencia
Tributaria un compromiso explícito al respecto. En ese sentido, se elaborará un código de
principios y conducta propio de la Agencia acorde con las recomendaciones de los órganos
internacionales y de responsabilidad corporativa y se aprobará un protocolo de denuncias de malas
praxis.
Todo ello con el objetivo de asentar sobre instrumentos específicos y tangibles por los
funcionarios las prácticas y recomendaciones que ya se venían marcando y practicando
tradicionalmente. En cambio, la novedad en esta materia viene dada por la creación de una
comisión consultiva de ética que servirá de apoyo a los funcionarios para la aplicación práctica en
cada caso de los principios marcados en el código de conducta.